Toda potestad estatal como verdadero símbolo de soberanía supone que el inherente control judicial que le es afín, se enmarque en parámetros no solamente definidos en forma previa por el legislador sino que sean auténticamente interpretados por sus operadores cada vez que se presenta un problema jurídico. No se trata simplemente de resolver cuestiones procesales o procedimentales conflictivas, sino del desarrollo mismo del derecho fundamental de administración de justicia contenciosa administrativa. Esa es la dinámica actual: La lucha por el acceso a la administración en forma ordenada, abierta, oportuna, valida, acorde a derecho y eficaz.

El presente trabajo se enlista en esa tendencia y dentro de ella, pretende resaltar la importancia de los cambios en materia procesal administrativa que se generan con la expedición de la Ley 1437 de 2011 y del Código General del Proceso, con el fin de dar una respuesta sólida, sólo frente a 6 problemas jurídicos, del infinito que el día a día le presentará al operador.